Luego de la finalización de los sangrientos enfrentamientos entre las diversas facciones en que estaba dividido el país y una vez superada la situación de conmoción interna, que marcaron los destinos de la novel República, que se remontaba hasta los días de la Revolución de Mayo se plantea en el país la construcción de una unidad tanto a nivel territorial, como económica, política, y social. Una vez pacificado el territorio, en 1880, se federaliza Buenos Aires (Romero, 2001), y se comienzan a crear las instituciones tendientes a implantar un Estado de características modernas. Dentro de este proceso de institucionalización, por ejemplo, se disuelven las milicias provinciales y se crea un cuerpo de Ejército Nacional. Este hecho  marca el nacimiento de un Estado centralizado moderno que dentro del territorio nacional detenta el monopolio de la violencia legítima.

En la esfera política se instala un régimen oligárquico (Botana, 1985) que desde 1880 se ve enfrentado a tres problemas claves para la República. Por un lado, debe hacer frente a la integridad territorial, poblando un vasto territorio, con extensas áreas fuera de su control y el problema de las fronteras tanto internas como externas, y por otro lado, a dos temas íntimamente ligados entre sí: el problema de la conformación de una identidad nacional y la organización de un régimen político.

El problema que se debió enfrentar, vinculado con  la identidad,  tuvo su origen en el creciente número de inmigrantes de diversas nacionalidades, portadores de fuertes rasgos identitarios, que debían ser amalgamados en nuevo sentido de identidad, el cual sirviera como elemento de cohesión social. Como parte de este proceso, los inmigrantes adquirieron esta nueva identidad, que mediante algunos contenidos básicos, permitió que la nueva población se identificara con la República y sus instituciones. Este proceso de identificación con la nueva República también debía crear nuevos sujetos sociales que sostuvieran  este nuevo sistema político.

El funcionamiento de las instituciones políticas se vio traducido en lo que Botana dio en llamar la “República posible”, que hacía alusión a la distancia entre la letra escrita en la Constitución, que proclamaba una formalidad democrática que no se practicaba, y lo que llamó la “República verdadera”, en referencia al cúmulo de prácticas políticas entre las que se contaban: las manipulaciones electorales, las alianzas políticas y los acuerdos de cúpulas que tuvieron por objetivo perpetuar en el poder a una oligarquía  que no pusiese en jaque el sistema de acumulación de la burguesía autóctona.

En el marco de esta “República posible”, y durante la Presidencia de Julio Argentino Roca (1880-1886), que algunos autores marcan como el comienzo del “Orden conservador” (Botana, 1985), se votó la Ley 1420 de Educación Común que se transformó en la ley fundacional del sistema educativo argentino. Esta Ley garantizó una educación primaria obligatoria, gratuita y laica para toda la población.

La Ley 1420 de Educación Común, que fue llevada adelante por la llamada “Generación del 80”, consagraba, en gran medida, el ideario de la denominada “Generación del 37”, integrada, entre otros, por Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, quienes habían pensado las bases para el desarrollo de la Argentina. Las ideas de estos intelectuales, sobre las perspectivas del desarrollo futuro de la Argentina, estaban vinculadas a las condiciones para el avance del capitalismo industrial en Europa que las elites percibían de manera favorable.

Los proyectos de esta generación fueron llevados a la práctica en las décadas que siguieron a la batalla de Caseros. La ley 1420 “[…] constituyó la culminación de un complejo proceso histórico, como resultado del cual aparecían triunfando, y abriéndose paso, las ideas democráticas y liberales que pueden percibirse debajo de todos los esfuerzos de integración del país y modernización de sus instituciones.” […] “no es fruto de improvisación –decenios de prédica sarmientina la prepararon– y que su aprobación no obedeció a combinaciones políticas momentáneas, como han sugerido alguna vez sus detractores.” (Weinberg, 1984).

Así, el proyecto económico, político y social de las elites cristalizó a partir de diversos clivajes, como la ampliación de las fronteras (fruto de la victoria militar sobre los pueblos originarios en la llamada Campaña del Desierto) que permitió aumentar las áreas productivas e incrementar la población. Este proyecto también fue producto de la incorporación de las sucesivas olas migratorias.

La política migratoria sostenida en esos años provocó un crecimiento poblacional inusitado. La población total pasó de 1.830.214 habitantes en 1869 a 4.044.911 habitantes en 1895. De esta población, sólo el 12.1% del total eran extranjeros en el año 1869, pero, en 1895, estos pasaron a representar el 25,4 %, es decir, más de un cuarto, de la población total (INDEC indicadores demográficos).

Este caudal migratorio, de diversos orígenes, fue moldeado por la escuela pública, producto de la Ley 1420, y se transformo en una masa social portadora de una nueva identidad ciudadana, útil para la República. En este sentido, se siguió el pensamiento de Sarmiento que “[…] creyó posible que la implantación pedagógica provocaría la constitución de nuevos sujetos sociales y políticas. Maestros y alumnos vinculados en la educación básica por una relación de instrucción, constituirían un sujeto pedagógico capaz de transformar las costumbres y el estilo de vida de los argentinos.” (Puiggrós, 1991).

El proyecto educativo para generar ciudadanos de nueva factura, que sirvieran a los fines de la oligarquía, necesitaba, según Sarmiento, de una escuela que “transmitiera esquemas generadores de prácticas que fueron sustitutivos de otros anteriores y no su complemento. Los aportes culturales de la familia popular, de la clase social, del grupo étnico y cultural, en la medida en que no coincidieran con esos esquemas, deberían eliminarse.” (Puiggrós, 1991).

En este sentido, la escuela se transformó en un agente disciplinador de los sectores populares, que intentaba deconstruir las identidades de la diversidad cultural preexistente para conformar una nueva identidad, que estructura prácticas acordes al nuevo funcionamiento de las instituciones políticas republicanas.

Esta Ley, fruto de un complejo y largo proceso de años de reflexiones, también fue, para la época, la más avanzada de América Latina y tendió a democratizar la educación al darle un carácter obligatorio y gratuito. Mediante esta doble característica esta legislación logró incorporar a vastos sectores de la población al sistema escolar.

Producto de la impronta “sarmientina” la Ley 1420 consagraba ámbitos de participación de la ciudadanía. Con esta Ley la “Generación del 80” llevó adelante la utopía de Sarmiento de crear una educación popular que “Era una utopía democrática porque la sociedad civil –población– tendría un destacado papel en la gestión a través de cooperadoras, asociaciones de padres, sociedades populares, bibliotecas públicas y porque su interés principal eran las grandes mayorías.” (Puiggrós, 1991). Así también la Ley 1420 estipulaba la creación de bibliotecas públicas y populares, la participación de la sociedad civil en el control del sistema educativo, etc.