La Guerra de la Triple Alianza. Poder, negocios y coloniaje
El Paraguay representa la civilización, pues pelea por la libertad de los ríos contra las tradiciones de su monopolio colonial; por la emancipación de los países mediterráneos; por el noble principio de las nacionalidades; por el equilibrio no sólo del Plata, sino de toda la América del Sud…
La campaña actual del Paraguay contra las pretensiones retrógradas del Brasil y Buenos Aires es la última faz de la Revolución de Mayo de 1810. Levantando el estandarte y haciéndose campeón de las libertades de América interior, esta joven República devuelve hoy a las puertas del Plata la visita que le hizo Belgrano en 1811.
(Alberdi, 1968)
La Guerra del Paraguay fue la respuesta a la política implementada por el gobierno del Paraguay, encabezado por su Presidente, Francisco Solano López, que puso en cuestión el proyecto colonialista de Inglaterra en la región. En efecto, la potencia europea temía que el modelo político implementado por López, que combinaba nacionalismo y proteccionismo económico, con un respaldo a las fuerzas políticas opositoras a los intereses británicos en la región, pudiera expandirse por el resto de América del Sur, ocasionando graves perjuicios a su proyecto imperial. Por ello, no dudó en disponer de todos los medios a su alcance y esto significó llevar a cabo una reacción ejemplificadora de los gobiernos que respondían a su liderazgo (Argentina, Brasil y Uruguay), que provocó el exterminio de la mitad de la población paraguaya y la pérdida de más de la mitad de su territorio. (Pómer, 2008).
La política implementada por Solano López difería significativamente del librecambio y la aceptación del rol de productor primario, exportador de alimentos, impuestos a los países no industrializados, articulados bajo la órbita del imperialismo inglés, por el modelo sobre el que este se asentaba, la llamada División Internacional del Trabajo. En efecto, el Estado paraguayo manejaba el comercio de materias primas y la producción, considerada como estratégica –cueros, tejidos, yerba, algodón, papel, tinta y pólvora– mediante la implementación de una política proteccionista que le permitía disociar la cotización de estos productos de las variaciones del mercado internacional, al tiempo que evitaba el saqueo de sus riquezas por parte de las potencias coloniales. (Rosa, 1954).
Por esta razón, la independencia económica de Paraguay ponía en cuestión la dependencia económica impuesta por los ingleses a los países no industrializados, que los condenaba indefinidamente a la producción de alimentos y materias primas sin valor agregado por medio de la aplicación del librecambio. Por el contrario, la política económica paraguaya asignaba un papel central a la intervención del Estado en el comercio, donde se desempeñaba como único comprador –monopsonio–, condición que le permitía definir su propio mecanismo de precios, al margen de la evolución del mercado internacional, fijando niveles bajos y accesibles para el pueblo, que eran compensados con los más altos, exigidos a los revendedores.
El modelo paraguayo significaba, en la práctica, una prueba contundente de que era posible el crecimiento económico y el fortalecimiento estatal por una vía distinta que la dependencia y la entrega del patrimonio nacional a los intereses imperiales, promovida por Alberdi y la Generación del 37. (Halperín Donghi, 1982-Lettieri, 2006). Esta situación no pasó desapercibida para las provincias del litoral argentino, de modo tal que el temor a una posible alianza entre estas y el Estado paraguayo, orientada a desarticular el proyecto hegemónico de Buenos Aires, desveló desde un primer momento al Presidente Bartolomé Mitre (1861-1868), quien no dudó en utilizar todos los medios a su alcance para evitarlo, contando para ello con la colaboración del Gobernador y líder entrerriano, Justo José de Urquiza, quien para entonces ya había resignado las banderas del viejo Partido Federal a cambio de pingües ganancias garantizadas por el gobierno mitrista.[1] La convergencia de intereses entre los gobiernos argentino, brasileño y uruguayo, promovida y bendecida por Gran Bretaña, dio origen a la llamada Triple Alianza (1865), que instaló una guerra fratricida en la región, que impuso la muerte, el empobrecimiento, el endeudamiento y la consolidación del vínculo colonial. Estos elementos de juicio llevaron a un contemporáneo crítico, Juan Bautista Alberdi, a denominarla, incisivamente, como la “Guerra de la Triple Infamia”. (Alberdi, 1968).
Paraguay a mediados del Siglo XIX
A mediados del Siglo XIX, Paraguay contaba con una economía en ascenso, impulsada por un Estado consolidado, que había optado voluntariamente por cierto aislamiento regional, con el propósito de preservarse a las presiones de los intereses imperiales que desplegaban su rapiña sobre las sociedades vecinas.
El modelo económico paraguayo se articuló a partir de un Estado soberano, que apostaba al crecimiento, impulsando un mercado interno sin participación internacional, y cuya estructura productiva combinaba la industrialización metalúrgica y siderúrgica con el impulso de un sector agroexportador, sin burguesía agraria, ya que las tierras constituían una propiedad del Estado, que cumplía el rol de administrador y recaudador, y otorgaba su arriendo a los campesinos. Desde la perspectiva teórica del liberalismo europeo, se lo presentaba como un Estado interventor-proteccionista en todos sus aspectos: económico, político y social, que promovía la industria nacional en artillería y hierro, así como la creación de escuelas que permitieron capacitar a parte de su población bajo la dirección de maestros extranjeros.
Paraguay fue gobernado a partir de 1816 por José Gaspar Rodríguez de Francia, quien fue designado Dictador Perpetuo por el Congreso General. Acusado de tirano y déspota por la historiografía liberal, Rodríguez de Francia supo promover las ideas nacionalistas con un fuerte apoyo a la economía agraria y la libre navegación de los ríos. Su gobierno fue próspero, hasta su fallecimiento en 1840. Su sucesor fue Carlos Antonio López, primer Presidente Constitucional, quien impulsó políticas mercantilistas modernizadoras y promovió el desarrollo económico. Durante su gestión, se incrementó la producción ganadera y agraria, y se multiplicó el comercio gracias al tendido de vías férreas administradas por el Estado. Igualmente impulsó las obras públicas, la apertura de fronteras y la instalación de imprentas. En materia social, López favoreció la inclusión, por medio del otorgamiento de la ciudadanía a los indígenas. A su muerte, en 1862, fue sucedido por su hijo, Francisco Solano López, quien mantuvo estos lineamientos generales, y apostó a fortalecer aún más la soberanía nacional.
Para la década de 1860, el gobierno paraguayo había logrado reducir sustancialmente el desempleo y la deuda externa, y había promovido una fuente inversión en el sector educativo, que era libre y gratuito. El régimen también había apostado a la diversificación de la economía, en particular, en los sectores de la producción de papel y sus derivados, y la industria de la construcción. La implementación del ferrocarril, en 1854, permitió unir a Asunción, capital del Paraguay, con la localidad de Paraguarí, hecho que estimuló aún más al ya próspero sector algodonero, a punto tal que al algodón se lo llegó a denominar “oro blanco”. En vistas de la deliberada ausencia de una burguesía nacional, el Estado se convertía así en el planificador y promotor de estos cambios. El gasto público era considerado por la administración de los López como una herramienta para el desarrollo y la reactivación económica.
De este modo, los principales ingresos del Estado paraguayo descansaban sobre la explotación algodonera, la yerba mate, el tabaco y la madera. También era importante la producción agrícola y ganadera, y el impulso a las industrias siderúrgica y metalúrgica significaron un sello distintivo a nivel regional. La construcción de ferrocarriles y telégrafos había facilitado las comunicaciones. El traslado de mercaderías, la articulación de un mercado interno, el impulso de la educación y la extensión de la ciudadanía consolidaron el respaldo popular que rodeaba a Solano López.
El nacionalismo, era una característica muy pronunciada de la cultura paraguaya, resultaba inadmisible para el proyecto colonial de las potencias europeas.
En el caso del Río de la Plata, los anglo-franceses habían intentado suprimirlo sin éxito a través de la invasión directa –bloqueo francés en la década de 1830, invasión anglo-francesa en la del 1840–, y con mucha mayor efectividad a partir de la traición de Justo José de Urquiza y su posterior desplazamiento por parte del liberalismo porteño filo-británico.
Paraguay sería el próximo paso, y para conseguirlo, Gran Bretaña requirió del apoyo de dos estados subordinados a su autoridad, Brasil y Argentina. Si bien la economía paraguaya estaba en situación floreciente, tenía un flanco muy débil: la ausencia de salida propia al mar, que le obligaba a utilizar los ríos linderos –Paraguay, Paraná y Uruguay– para exportar su producción y participar del comercio internacional. La Guerra de la Triple Alianza provocaría un bloqueo capaz de estrangular su economía, en el caso de no poder ser revertido en el corto plazo.
La Banda Oriental del Uruguay: la chispa que encendió el polvorín
La Banda Oriental había sido históricamente un foco de conflicto entre las pretensiones territoriales de los imperios Español y Portugués. Tras el derrumbe de esos Estados, sus herederos continuaron con las controversias ancestrales. La independencia uruguaya no significaría un alejamiento de las ex Provincias Unidas del Río de la Plata, deseosas de continuar la guerra, contando con Uruguay como aliado, país que aún no conseguía resolver el reparto de poder interno. Los blancos –federales– y los colorados –liberales–, buscaron el apoyo de eventuales aliados en territorio argentino y brasileño, e incluso los colorados –como en el caso de unitarios y liberales argentinos– aceptaron gustosos la ocupación y el auxilio de los anglo-franceses. La incidencia de estados y de intereses extranjeros, y los frecuentes conflictos armados que se suscitaban, llevaron a denominar a Montevideo como la “Nueva Troya”.
Tras la caída de Rosas (1852), la intervención de las fuerzas políticas argentinas en la Banda Oriental decayó rápidamente. El conflicto entre blancos y colorados que atravesaba a la sociedad uruguaya parecía no tener fin hasta que, en el mes de octubre de 1864, el Imperio del Brasil decidió intervenir activamente, enviando tropas regulares en auxilio de sus aliados colorados, en abierta rebeldía al gobierno ejercido por el Partido Blanco.
El Gobierno paraguayo consideró, naturalmente, que se trataba de una flagrante violación del acuerdo vigente entre los estados de Entre Ríos, Corrientes, Brasil y Uruguay en contra de Juan Manuel de Rosas, al cual este país había adherido en calidad de invitado, que sostenía:
El Presidente de la República del Paraguay se obliga á tanto cuanto le permitiesen la posición y circunstancias de la misma República, coadyuvar á S. M. el Emperador de Brasil en el empeño de mantener la independencia de la Banda Oriental del Uruguay y acordándose las altas partes contratantes, oportunamente, sobre los medios de hacer efectivas esta coadyubación. [2]
El 12 de noviembre siguiente, las fuerzas paraguayas se apoderaron de un navío mercante brasileño –el Marquês de Olinda– que transportaba al gobernador de la Provincia del Matto Grosso, Federico Carneiro de Campos, quien fue tomado prisionero. Tras este hecho protagonizaron la invasión de esa provincia. Las tropas guaraníes avanzaban con un gran ejército provisto de armamentos y numerosos soldados a pesar de la derrota de los blancos uruguayos, abriéndose paso en los territorios de Coimbra, Albuquerque, Corumbá, Miranda y Dourados en 1865.
La guerra ya se había iniciado formalmente, y aunque el Estado Nacional Argentino, encabezado por el Presidente Bartolomé Mitre, mantuvo en un principio una neutralidad formal, esto no le impidió prestar un generoso apoyo logístico a brasileños y colorados uruguayos, liderados por Venancio Flores, en las operaciones que motivaron la caída del gobierno del Partido Blanco.
Con el propósito de concurrir en auxilio de sus aliados blancos uruguayos, sometidos a una brutal persecución por parte de colorados orientales y brasileños, Solano López solicitó permiso al Estado Argentino para atravesar su territorio, ya que no contaba con acceso directo al Uruguay. Con el argumento de que tal autorización significaría un abandono de la posición neutral argentina, Mitre retaceó indefinidamente la respuesta, para obligar a Solano López a invadir el territorio nacional, y de esta forma justificar el ingreso formal de la Argentina en la guerra integrando el bando de brasileños y colorados uruguayos. La táctica de Mitre tuvo éxito, y Solano López acabó por declararle la guerra a la Argentina el 23 de marzo de 1865. A principios del mes abril, fuerzas paraguayas invadieron la provincia argentina de Corrientes, situación que recién fue conocida en Buenos Aires el 8 de abril. (Galasso, 2005). De esta forma comenzaba a tomar cuerpo la llamada “Triple Infamia”.
La situación interna argentina
Los orígenes de la Guerra del Paraguay se remontan a la experiencia de la Confederación Argentina, liderada por Urquiza, en la década de 1850. Por entonces, el Ministro de Relaciones Exteriores argentino, Vicente Fidel López, vigilaba con preocupación el proceso de crecimiento económico y de avance del Paraguay sobre la frontera agrícola del Chaco argentino. Tanto Urquiza como la dirigencia liberal porteña, pese a que en ese momento Buenos Aires se había escindido del resto del país, compartía con el Imperio del Brasil el proyecto de invadir al Paraguay y repartirse sus fragmentos, con el apoyo entusiasta del Imperio Británico, tal como se advierte en el texto del Protocolo firmado entra la Confederación Argentina y el Imperio del Brasil en 1857. [3] Urquiza se encontraba en una conflictiva situación interna con Buenos Aires, por esa razón se limitaría a dejar pasar a las tropas brasileñas hacia territorio guaraní, sin participar activamente de la guerra, en un primer momento. Sin embargo, los problemas internos argentinos aconsejaron postergar provisoriamente, por algún tiempo, el proyecto de invasión al Paraguay hasta que el Estado Nacional alcanzara cierto grado mínimo de consolidación.
La agitada política argentina se caracterizó siempre por la labilidad de las alianzas y los programas políticos. En este caso no habría excepción. Pese a haber sellado el Protocolo con Brasil para invadir y saquear al Paraguay, el deterioro de su autoridad política a nivel interno llevó a Urquiza a viajar a Asunción para tratar de llegar a un entendimiento con Carlos Antonio López, con el propósito de unir fuerzas para confrontar con Buenos Aires. La postura de Urquiza se basaba en el convencimiento de que las políticas porteñas afectaban por igual al litoral argentino y al Paraguay, al impedir su crecimiento económico efectivo. Si bien hubo un principio de acuerdo, no alcanzó para impulsar una empresa bélica conjunta.
Una vez concluido el mandato Presidencial de Urquiza, la batalla de Pavón (1861) restituyó a Buenos Aires su liderazgo efectivo sobre el territorio argentino, y colocó a su gobernador, Bartolomé Mitre, a la cabeza del proyecto de construcción del Estado Nacional. En una nueva voltereta política, Urquiza negoció con Mitre su continuidad como gobernador y la inviolabilidad de sus bienes personales y de su provincia, a cambio de oficiar como testigo mudo de la política de exterminio de los miembros del Partido Federal, a lo largo del país, implementada por Mitre, Sarmiento y sus adláteres.
Con la complicidad prescindente de Urquiza, la oligarquía liberal porteña negoció su alianza con Brasil, sobre la base del Protocolo que, apenas unos años atrás, había acordado el gobierno del entrerriano que establecía: exterminar al Paraguay y apoderarse de sus territorios más ricos. La carta del caudillo riojano, General Ángel Chacho Peñaloza, al Presidente Mitre, fechada el 16 de abril de 1863, expresando la indignación de un federal “que no había resignado sus banderas ni su dignidad”, llegaba a todos los rincones de la Patria, cuando Urquiza, bajo las órdenes de Mitre, liberó el paso para que las tropas brasileras entraran en el Litoral:
Después de la guerra exterminadora por la que ha pasado el país, han esperado los pueblos argentinos una nueva era de ventura y progreso. Pero… muy lejos de ver cumplidas sus esperanzas, han tenido que tocar el más amargo desengaño, al ver la conducta arbitraria de sus gobernantes, al ver despedazadas sus leyes y atropelladas sus propiedades y sin garantías para sus mismas vidas. Los Gobernadores de estos pueblos, convertidos en otros tantos verdugos de las provincias, cuya suerte les ha sido confiada, atropellan las propiedades de los vecinos, destierran y mandan matar sin forma de juicio a ciudadanos respetables por haber pertenecido al Partido Federal y sin averiguar siquiera su conducta como partidarios de esta causa. [4]
El 12 de noviembre de 1863, el Chacho Peñaloza fue asesinado por decisión de Sarmiento y del Coronel Pablo Irrazábal, y el Interior se rebelaba en masa, de manera inorgánica y casi suicida, frente a la repudiada guerra contra una nación hermana. Para 1865, las sublevaciones se multiplicaban a lo largo del país. El pueblo de la Argentina profunda se negaba a sacrificar su vida en pos del proyecto hegemónico impuesto por su verdadero enemigo: el liberalismo oligárquico porteño. La sangrienta represión y los métodos aplicados demuestran a las claras como el Terrorismo de Estado se instaló en la Argentina en fecha muy temprana, de la mano de quienes, como Mitre o Sarmiento, pretendían publicitar la causa de la “civilización”.
La catástrofe se cernía sobre América del Sur. El Estado Nacional, expresando los intereses del liberalismo porteño, arremetía con furia y cubría de sangre criolla todo el territorio de la Patria. Desde las tinieblas, Inglaterra alimentaba sus arcas a medida que la deuda crecía, y su injerencia en la región se volvía cada vez más determinante. Urquiza ya no era el promotor de una alianza con el Paraguay, sino el comerciante dispuesto a enriquecerse aún más, gracias a su designación como proveedor de las tropas aliadas, acordada con el propio Mitre, quien retenía, a través de sus testaferros, la otra mitad del suculento negocio. En este marco, el imperio del Brasil se disponía a incrementar sus dominios, apelando a un ejército de esclavos y marginados que entregaban la vida por una causa ajena. Mientras tanto, el Paraguay se aprestaba a afrontar una catástrofe humanitaria y económica, moneda, por desgracia, demasiado corriente en estas tierras americanas, bajo el imperio del liberalismo colonialista.
Fiel a su característica, ese liberalismo colonialista recurría a insostenibles argumentos morales y proyectos “civilizatorios” para rechazar toda responsabilidad en la catástrofe. En vano, Mitre afirmaba que el Paraguay era el responsable de la invasión a Corrientes, ocultando que fue él quien forzó la declaración de guerra de Solano López. La Cámara de Diputados de la Nación Argentina daba cuenta, el 9 de mayo de 1865, de la ocupación de Corrientes, denunciando que el gobernante paraguayo “ha invadido con su ejército a la provincia de Corrientes, ocupando su capital y una parte de su territorio. Que ha incitado a la rebelión contra las autoridades constituidas y la guerra civil a los habitantes de la República. Que está practicando los atentados más injustificables contra la propiedad y las personas existentes en el territorio que ocupa”.
(Mitre, Cámara de Diputados de la Nación, 1865)
Aunque quedaba claro que la ocupación de la provincia de Corrientes había sido inducida por el gobierno nacional, al retacearle a Solano López el permiso para que sus tropas atravesaran el territorio argentino, para acudir en auxilio de sus aliados uruguayos, algo que sí se le había permitido al Imperio Brasileño poco tiempo antes, esta invasión fue el argumento que se esgrimió y que se consideró más que válido para el ingreso formal de la Argentina en la guerra. Pero la guerra era demasiado tentadora, no sólo para fortalecer la alianza con Gran Bretaña e incrementar el territorio nacional, a costa de un pueblo hermano, sino que también proveía de una pantalla inmejorable para completar el genocidio de los miembros del Partido Federal, iniciado en 1861, con la aprobación de Urquiza, tanto por medio de una acción directa como a través de las levas forzadas para llevar hombres a la verdadera carnicería en que se había convertido el frente paraguayo.
Según ha demostrado el historiador argentino León Pómer, la Guerra de la Triple Alianza constituyó un escenario excepcional para el disciplinamiento y el exterminio de la población mestiza de esta parte de América. Una “guerra injusta”, según Juan Bautista Alberdi. Una guerra en beneficio de los intereses británicos, que exigían la apertura del mercado paraguayo a sus productos y la liquidación del proceso de modernización que allí venía desarrollándose.
Un editorial del diario La Nación Argentina, publicado a inicios de la guerra, el 3 de febrero de 1865, lo explicaba con toda crudeza:
La República Argentina está en el Imprescindible deber de formar alianza con Brasil, a fin de derrocar esa abominable dictadura de López y abrir al comercio del mundo esa esplendida y magnífica región que posee, además, los más variados y preciosos productos de los trópicos y ríos navegables para exportarlos.
(La Nación, 1865)
Mientras, desde Buenos Aires, la guerra era vista como una oportunidad inmejorable para la consolidación del naciente Estado Nacional, el interior trató de rebelarse para evitar el éxito del proyecto de “disciplinamiento” impulsado desde el puerto. En tanto Mitre nombraba a Urquiza, Jefe del Ejército de Vanguardia, y lo premiaba económicamente, al designarlo como proveedor de las fuerzas aliadas, sus antiguos lugartenientes y camaradas del bando federal no dudaban en expresar su disconformidad tomando distancia del caudillo. La masacre de Paysandú, donde más de 15.000 brasileños y uruguayos exterminaron a poco más de 1.000 paraguayos, entre los meses de diciembre de 1864 y enero de 1865, aún estaba fresca, cuando a mediados de 1865, Urquiza decidió reclutar 8.000 hombres para ponerlos al servicio del Estado Nacional, liderado por Bartolomé Mitre, su tradicional adversario. Esto generó un repudio generalizado y la rebelión no tardó en producirse. En el Arroyo Basualdo, límite entre Entre Ríos y Corrientes, el 3 de julio de 1865 las tropas entrerrianas, a las órdenes de Ricardo López Jordán y Sinforoso Cáceres, protagonizaron una fabulosa deserción, en repudio a la política del Estado Nacional. Dos días después, el 5 de julio, López Jordán le envió una carta a Urquiza, reclamándole que abandonara su alianza con el mitrismo:
Usted nos llama para combatir al Paraguay. Nunca general; ese es nuestro amigo. Llámenos para pelear a porteños y brasileños. Estamos prontos. Esos son nuestros enemigos. Oímos todavía los cañones de Paysandú. Estoy seguro del verdadero sentimiento del pueblo entrerriano [...] que la gente se reunirá donde V. E. ordene, pero no quieren ir para arriba.
(López Jordan, 1865)
Mientras, desde Buenos Aires se exigía, sin éxito, el ajusticiamiento de López Jordán y los sublevados. Uno de los hijos de Urquiza, Justo Carmelo, aconsejaba a su padre desmovilizar las tropas, ya “que si los hacen marchar se sublevarán las divisiones... y poniendo al frente a Ricardo López Jordán marcharán a favor del ejército paraguayo en contra de los aliados”. Sin embargo, Urquiza mantuvo, impertérrito, su alianza con Mitre. Poderosas razones económicas, como se ha señalado, pesaron mucho más que su fervor federal.
En diversos puntos del territorio nacional la situación se reprodujo, motivando una sangrienta represión por parte del gobierno de Bartolomé Mitre. (Pómer, 1987). Por las provincias de Cuyo y el NOA, la exigencia de Sarmiento, de sacrificar a los pueblos mestizos de América, para “civilizar” al país en clave afrancesada, inspiraba una fabulosa carnicería humana:
Tengo odio a la barbarie popular... –afirmaba el sanjuanino– La chusma y el pueblo gaucho nos es hostil... Mientras haya un chiripá no habrá ciudadanos, ¿son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad? El poncho, el chiripá y el rancho son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta y el pueblo, haciendo que los cristianos se degraden... Usted tendrá la gloria de establecer en toda la República el poder de la clase culta aniquilando el levantamiento de las masas. [5]
(Pómer, 1987)
El Tratado de la Triple Alianza
Solano López había considerado a la Argentina como una potencial aliada, y no advirtió, sino hasta que fue demasiado tarde, la decisión del liberalismo porteño de ponerse en su contra, a toda costa, para conseguir la aprobación británica. En efecto, si bien Mitre mantenía una contienda con el líder colorado uruguayo Venancio Flores, nunca retaceó su apoyo efectivo a las acciones de su partido en el territorio Oriental, e incluso había permitido que las tropas brasileras pasaran por el litoral para concurrir en su auxilio, una actitud, como se ha demostrado, muy diferente a la que adoptaría, poco después, cuando Solano López le solicitara un trato similar.
El 1 de mayo de 1865, los embajadores de Argentina y de Brasil, Rufino de Elizalde y Octaviano de Almeida Rosa, y el gobernante provisorio de la República Oriental, Carlos de Castro, firmaron el Tratado de la Triple Alianza. El acuerdo, declaraba la guerra al gobierno paraguayo, a quien se acusaba de estar impulsando “una empresa de expansión territorial” que ponía en peligro la soberanía e independencia del resto de los Estados Sudamericanos, eximiendo de cualquier responsabilidad a su pueblo.
Artículo7: No siendo la guerra contra el pueblo paraguayo sino contra su gobierno, los aliados podrán admitir en una legión paraguaya a todos los ciudadanos de esa nación que quisieran concurrir al derrocamiento de dicho gobierno, y les proporcionarán los elementos que necesiten, en la forma y condiciones que convenga. [6]
Artículo 8: Los Aliados se obligan a respetar la independencia, soberanía e integridad territorial de la Rca. Del Paraguay. En consecuencia, el pueblo paraguayo podrá elegir el gobierno y las instituciones que le convengan, no incorporándose ni pidiendo el protectorado de ninguno de los aliados, como resultado de la guerra. [7]
Pese a lo que sostenía el texto del Tratado, la guerra fue orientada a concretar el genocidio del pueblo guaraní, y dejó una sociedad desprovista de soberanía, que tras su derrota fue saqueada por el Imperio del Brasil.
Otro de los elementos que permite ver a las claras las ambiciones que perseguían los países aliados se vincula con los territorios reclamados por estos en el tratado de la Triple Alianza:
Artículo 16: A fin de evitar discusiones y guerras que las cuestiones de límites envuelven, queda establecido que los aliados exigirán del gobierno del Paraguay que celebre tratados definitivos de límites con los respectivos gobiernos bajo las siguientes bases: La República Argentina quedará dividida de la República del Paraguay, por los ríos Paraná y Paraguay, hasta encontrar los límites del Imperio del Brasil, siendo éstos, en la ribera derecha del Río Paraguay, la Bahía Negra. El Imperio del Brasil quedará dividido de la República del Paraguay, en la parte del Paraná, por el primer río después del Salto de las Siete Caídas que, según el reciente mapa de Mouchez, es el Igurey, y desde la boca del Igurey y su curso superior hasta llegar a su nacimiento. En la parte de la ribera izquierda del Paraguay, por el Río Apa, desde su embocadura hasta su nacimiento. En el interior, desde la cumbre de la sierra de Mbaracayú, las vertientes del Este perteneciendo al Brasil y las del Oeste al Paraguay, y tirando líneas, tan rectas como se pueda, de dicha sierra al nacimiento del Apa y del Igurey.[8]
Sin embargo, a la finalización de la guerra, y en vistas de la destrucción casi total de la población masculina paraguaya y de las instituciones, las demandas de los aliados se incrementaron considerablemente, sobre todo en el caso del Brasil, que obtuvo beneficios excepcionales.
En este sentido, en lo referido a la conducción de las acciones bélicas, en el Tratado se disponía que:
Artículo 3: Debiendo las hostilidades comenzar en el territorio de la República Argentina o en la parte colindante del territorio paraguayo, el mando en jefe y la dirección de los ejércitos aliados quedan a cargo del Presidente de la República Argentina y general en jefe de su ejército, brigadier don Bartolomé Mitre. Las fuerzas navales de los aliados estarán a las inmediatas órdenes del Vice Almirante Visconde de Tamandaré, comandante en jefe de la escuadra de S.M. el Emperador del Brasil. Las fuerzas terrestres de S.M., el Emperador del Brasil, formarán un ejército a las órdenes de su general en jefe, el brigadier don Manuel Luís Osorio. A pesar de que las altas partes contratantes están conformes en no cambiar el teatro de las operaciones de guerra, con todo, a fin de conservar los derechos soberanos de las tres naciones, ellas convienen desde ahora en observar el principio de la reciprocidad respecto al mando en jefe, para el caso de que esas operaciones tuviesen que pasar al territorio oriental o brasileño.
El desarrollo de la guerra
Paraguay combatió ferozmente en la Batalla de Riachuelo, frente a la Ciudad de Corrientes, el 11 de junio de 1865, con un resultado muy negativo, ya que su flota fue destruida por la escuadra brasileña, lo que motivó su aislamiento definitivo, al no poder utilizar el Río Paraná durante todo el desarrollo de la guerra y quedar rodeado por sus adversarios. El 18 de septiembre de 1865, la guarnición paraguaya de Uruguayana, compuesta por 5.500 hombres, fue derrotada por los aliados, que sumaban más de 18.000 efectivos. En tanto los brasileños vendían a los prisioneros como esclavos, uruguayos y argentinos los incorporaban a sus propias tropas, obligándolos a luchar contra sus compatriotas con grilletes en los pies, y controlados por efectivos, con directivas de fusilarlos por la espalda en caso de no combatir con “enjundia”.
La supremacía de los aliados era incontestable, y sólo se destacaba el heroísmo del pueblo paraguayo, dispuesto a ofrecerse al sacrificio masivo antes que a resignar su soberanía. La “guerra de la triple infamia” cobraba cada vez más víctimas. El 22 de septiembre de 1866, la batalla de Curupayty dio un inesperado respiro a los guaraníes. Se trató de una ofensiva sin planificación ni orden, ordenada por el Comandante Bartolomé Mitre, que se convirtió en la peor derrota de los aliados en el marco de la guerra. El balance exime de comentarios: mientras las bajas paraguayas no pasaron de 23 muertos y 79 heridos, los agresores sumaron 10.000 bajas entre ambos rubros, con alrededor de 8.000 muertos.
Las rebeliones contra la guerra en el territorio argentino
El ejemplo de la lucha heroica del pueblo paraguayo, sumado a la resistencia a la dominación porteña, insuflaban el espíritu de rebelión en el interior argentino. A esto se sumó el impacto de la catástrofe protagonizada por los aliados en Curupayty, en septiembre de 1866, que causó más de 10.000 bajas en sus filas, y detuvo por casi un año los enfrentamientos en el frente paraguayo. Como contrapartida, las sublevaciones en el interior argentino aumentaban, y las tropas del Estado Nacional comenzaron a ser desviadas hacia las provincias para aplastar las rebeliones, siendo reemplazadas por el envío creciente de afrodescendientes a un casi inmovilizado frente paraguayo.
La resistencia a la guerra al interior de la Argentina había comenzado en julio de 1865, tras el llamado “Desbande de Basualdo”, y continuó con la denominada “Sublevación de Toledo, ocurrida en noviembre de ese mismo año, que fue duramente reprimida por las tropas nacionales, con el auxilio de fuerzas brasileñas y orientales. Tras la Batalla de Curupayty, en noviembre de 1866, estalló en Mendoza la Revolución de los Colorados, a la que se sumarían San Juan, San Luis, Catamarca, Río Cuarto, Santa Fe y Córdoba, a las órdenes de Felipe Varela, Felipe Saa y Carlos Juan Rodríguez, quienes trataron de compensar con su enjundia la carencia de medios económicos. Justamente sería Felipe Varela, quien se unió a la revolución el 10 diciembre, el autor de una célebre proclama en defensa del federalismo y la soberanía de los pueblos americanos que reza:
¡Argentinos! El pabellón de Mayo que radiante de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón cayó fatalmente en las ineptas y febrinas manos del caudillo Mitre, ha sido cobardemente arrastrado por los fangales de Estero Bellaco, Tuyutí, Curuzú y Curupaití. [...]
¡Abajo los traidores de la Patria! ¡Abajo los mercaderes de las cruces de Uruguayana a precio de oro, de lágrimas y de sangre argentina y oriental!Nuestro programa es la práctica estricta de la constitución jurada, del orden común, la paz y la amistad con el Paraguay, y la unión con las demás repúblicas americanas.
¡Compatriotas nacionalistas! El campo de la lid nos mostrará el enemigo. Allí los invita a recoger los laureles del triunfo o la muerte, vuestro jefe y amigo.
La Revolución de los Colorados conmovió el orden interno impuesto a sangre y fuego por el Estado Nacional en los años previos, y el Ejército Nacional tardó más de un año en derrotarla. (Chianelli, 1984). Esta situación relajó un tanto el frente paraguayo, ya que la porción mayoritaria de las tropas recién pudo retornar al frente guaraní en julio de 1867. Mientras tanto, la guerra se volvía cada vez más impopular dentro de la Argentina, y rápidamente se registró una nueva rebelión, ahora en la provincia de Santa Fe. En 1868, los aliados de Mitre, en Corrientes, propiciaron una impopular revolución, que exigió retirar un número apreciable de fuerzas del frente paraguayo para garantizar la victoria de sus sediciosos correligionarios. (Duhalde, 2005).
La participación argentina en la guerra fue menguando rápidamente. En 1869, ya durante la Presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, de los 25000 efectivos argentinos presentes en 1866, sólo quedaban alrededor de 2500. En su mayoría se trataba de afrodescendientes y de prisioneros paraguayos obligados a luchar contra sus compatriotas. También fueron características durante la guerra las deserciones de soldados correntinos, que dimitían del Ejército argentino, para combatir del lado paraguayo. La situación del Estado Nacional Argentino era insostenible. Las resistencias internas habían minado su capacidad de combate en el frente paraguayo. En abril de 1870, una nueva revolución, liderada por Ricardo López Jordán, fue derrotada por tropas que retornaban del frente paraguayo.
Tramo final de la participación de la Argentina en la Guerra de la Triple Alianza
Tras la Batalla de Curupayty, en septiembre de 1866, las acciones bélicas estuvieron paralizadas durante casi un año. Recién se reiniciarían en el mes de julio de 1867 aunque sin que se hayan registrado combates de importancia a lo largo de casi un año, hasta el mes de julio de 1868. Pese a ello, durante los primeros meses de 1868, se registraron algunos cambios que, a la postre, resultarían decisivos en el desenlace del conflicto. El cañoneo permanente de los buques brasileños sobre la localidad paraguaya de Humaitá, y el aumento en el nivel de las aguas del Río Paraná, terminaron inutilizando las cadenas que cruzaban el río, que impedían el avance de la flota brasileña. Por su parte, el gobierno brasileño había incrementado significativamente su escuadra durante los meses de obligada calma que siguieron a Curupayty.
Otra novedad, que no sería menor, fue el fallecimiento del Vicepresidente argentino, Marcos Paz, que obligó a Mitre a retornar a Buenos Aires para reasumir el Poder Ejecutivo, dejando la conducción de las fuerzas aliadas a cargo del Marqués de Caixas, quien ya no tuvo que soportar la reconocida impericia militar del mandatario argentino, acelerándose así de manera llamativa el desenlace del conflicto.
La ruptura de las cadenas, que impedían el avance de la escuadra brasileña por delante del fuerte de Humaitá, modificó decisivamente el curso de la guerra. El 22 de febrero de 1868, Asunción fue bombardeada, y debió ser evacuada inmediatamente. Liberado el tránsito por el río, Curupayty perdió su importancia estratégica, y fue abandonada. La fortaleza de Humaitá, después de una heroica resistencia, fue evacuada el 24 de julio de 1868. De sus 3.000 defensores originales, sólo unos 1.000 consiguieron reunirse con otras fuerzas paraguayas en el interior del Chaco. Del resto, 1.300 fueron tomados prisioneros, y 700 murieron.
A partir de entonces, se incrementó la carnicería en combates que ya no tenían razón de ser. En vano el Senador santafesino Nicasio Oroño auspiciaba la firma de una paz digna con un Paraguay ya derrotado, afirmando que:
Cuando los pueblos caen en estas situaciones desgraciadas es deber de los hombres liberales, que alimentan las ideas de la verdadera democracia, el llevar su apoyo a los hermanos que sufren, llevarles la savia de la civilización, no con las armas en la mano, sino abriéndoles el camino para que puedan unirse a las filas de los que llevan la libertad. [9]
La negativa terminante del Estado Nacional se expresó a través del señor Elías, quien sostuvo que:
Una paz solicitada por nosotros y alcanzada con mengua de la dignidad nacional, haría decir a las madres argentinas: hemos perdido a nuestros hijos en defensa de la patria ofendida y con su sangre se sella la ignominia del país.
La exigencia de prolongar la guerra revela cuáles fueron, en realidad, las razones que condujeron a la alianza entre los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay: la necesidad de destruir a un pueblo remiso a disciplinarse ante las exigencias británicas, para que sirviera de ejemplo en el futuro a eventuales díscolos que pretendieran imitar su ejemplo.
Mientras en Buenos Aires la alternativa de paz fracasaba, Solano López trataba de resistir, sin éxito, en las proximidades de Asunción. La ciudad fue conquistada y saqueada por los invasores en el mes de enero de 1869. Desde su residencia bonaerense, el Presidente Sarmiento se regodeaba con las novedades que procedían del frente paraguayo, y fiel a su estilo, alentaba una vez más el genocidio de los pueblos americanos, como lo demuestra la carta fechada el 5 de enero de 1869:
Descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón. En ellos, se perpetúa la barbarie primitiva y colonial... Son unos perros ignorantes... Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era necesario purgar la tierra de toda esa excrecencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse.
(Sarmiento, 1877)
Una vez conquistada Asunción, los brasileños designan un gobierno títere, mientras Solano López pretende continuar su resistencia desde el interior del territorio guaraní, reemplazando a los soldados caídos con niños y ancianos, que también son exterminados sin piedad. A esa altura de la guerra ya casi no quedan hombres adultos paraguayos. Acorralado y ya sin fuerzas, Solano López fue ejecutado por fuerzas brasileñas el 1 de marzo de 1870, a orillas del río Aquidabán, en la denominada Batalla de Cerro Corá, en donde López, convertido en Mariscal, habría pronunciado la mítica frase: “Muero por mi Patria”. Versiones revisionistas de este suceso histórico señalan que lo que en realidad habría dicho López fue: “Muero con mi patria”. Sin embargo, lejos de concluir, la pesadilla del pueblo paraguayo recién estaba comenzando.
Mientras tanto, en la Argentina, la situación interna distaba de pacificarse. La resistencia a la guerra y a la imposición del proyecto colonial británico, impulsado por el liberalismo oligárquico porteño no cesaba. A inicios de 1870, Sarmiento comentaba a su amigo Posse que:
En el momento en que te escribo hay paz general, si no es que Guayama se levanta en La Rioja; los blancos amenazan invadir Entre Ríos; los Liberales de Corrientes, no contentos con vivir, quisieran vengarse de Urquiza. (Felipe Varela) nos costará cien mil inútilmente gastados. Estoy pues empeñado en consolidar un gobierno. La guerra del Paraguay sigue sin que podamos distraer un soldado ni economizar un centavo; y Calfucurá nos amenaza con una guerra formidable.
(Sarmiento, 1877)
La precaria paz, sin embargo, no duraría mucho. Urquiza, quien con tanta habilidad había tramado alianzas con federales, unitarios y liberales, con brasileños y paraguayos, con y en contra de Rosas, terminaría probando su propia medicina. En efecto, a poco de recibir a su antiguo enemigo y actual aliado, Domingo Faustino Sarmiento, el 11 de abril de 1870 –después de poco más de un mes de la ejecución de Solano López–, fue asesinado por la espalda en su propio Palacio San José. La “muerte que tienen los traidores” que ya le había anticipado su antiguo publicista, José Hernández, enrostrándole su connivencia frente al asesinato del Chacho Peñaloza, ocurrido el 12 de noviembre de 1863. El caudillo entrerriano había hecho oídos sordos a la advertencia de Vélez Sarsfield, quien le escribió una carta en la que le hacía saber sobre las comunicaciones recibidas acerca de los levantamientos en Entre Ríos y el clima hostil que imperaba en la República en vista de su reconciliación con Sarmiento.
Conclusión: las consecuencias de la Guerra
Las consecuencias de la Guerra de la Triple Alianza fueron desoladoras para el pueblo paraguayo. Más de la mitad de la población murió. El territorio se redujo significativamente, pese a lo acordado por los aliados en el tratado inicial. El tratado que selló la paz consistió en un acuerdo que significó aún más pérdidas para los guaraníes. No sólo no les bastó a los aliados agresores con desmembrar a una verdadera potencia sudamericana, sino también lograron endeudarla a través del pago de los gastos por los “daños causados”, daños que la Triple Alianza provocó con vehemencia con el propósito de socavar cualquier vestigio de industria nacional en suelo guaraní. Fue así como el imperialismo brilló contra una de las potencias que le hacía sombra en el continente y acabó convirtiéndola en un país sin orillas, con grietas y heridas que nunca se curarían, una nación que alguna vez supo ser una potencia industrial, cuya riqueza y comercio resplandecían en Latinoamérica.
Una de las cláusulas establecidas en el tratado inicial que firmaron los aliados, la referida a la libre navegación de los ríos, significó la llave de ingreso para los productos británicos en el mercado paraguayo.
Artículo 12: La navegación de los ríos Uruguay, Paraná y Paraguay es libre para el comercio de todas las Naciones, desde el Río de la Plata hasta los puertos habilitados y que se habilitaren para ese fin por los respectivos Estados, conforme a las concesiones hechas por cada una de las Altas Partes Contratantes en sus decretos, leyes y tratados.
Este punto resultó crucial para las relaciones comerciales al abrir paso al mercado internacional en el continente en una época de transformación; una alianza entre el imperialismo y las oligarquías locales deseosas de poder. Un ingreso mundial que desestimó y profundizó declives como sostiene León Pómer, que respondió a una expansión territorial con fines comerciales más que a la “defensa de la seguridad nacional, independencia y democracia” que promovieron “los aliados”, tal como lo disponía el Tratado de Alianza promulgado el 26 de mayo de 1865, que establecía:
Artículo 9: los Aliados se obligan a respetar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República del Paraguay. En consecuencia, el pueblo paraguayo podrá elegir el gobierno y las instituciones que le convengan, no incorporándose ni pidiendo el protectorado de ninguno de los aliados, como resultado de la guerra.
Brasil y Argentina actuaron con la complicidad de Inglaterra, desenfrenados por la codicia, perjudicando a un país solvente, próspero y autónomo, con el agravante de que pretendieron cargar al Paraguay con la responsabilidad del inicio de la guerra por la supuesta invasión del territorio argentino en su tránsito para auxiliar a sus aliados orientales. En la edición del 4 de mayo de 1866 del periódico La América, Carlos Guido y Spano y Agustín de Vedia invalidaban la explicación esgrimida por los aliados, al sostener que:
El Gobierno Argentino, fomentando la invasión de Flores al Estado Oriental, sembró la primera semilla de discordia en aquel desgraciado país, y no contento con haber abierto la puerta de la intervención brasileña, la auxilió con las municiones de su parque para destruir a cañonazos y a mansalva la ciudad de Paysandú.
(Meroni, 1979).
Alberdi, por su parte, sostuvo que el conflicto fue una “guerra civil” debido a que cada uno de los aliados tenía un enemigo interno que necesitaba aplacar. Buenos Aires temía por los federales que apoyaban a los paraguayos en esta contienda, ya que los múltiples levantamientos en el interior del país podían provocar rispideces difíciles de solucionar. Esto provocó que Mitre aprovechara los levantamientos en Uruguay para alzar las banderas de la democracia liberal.
A su vez, Brasil se debatía en una monarquía esclavista y los colorados uruguayos, promulgaban por el liberalismo ante los blancos federales. Todos confluyeron en un mismo objetivo: el liberalismo económico impuesto por una oligarquía colonialista tributaria de los intereses británicos.
Incluso a juicio de un autor tan poco cercano a los intereses nacionales como Tulio Halperín Donghi, Mitre necesitó hacer de la guerra una cuestión nacional y tomó de excusa la ocupación paraguaya del territorio correntino para consolidar su empresa de construcción de un Estado Nacional. (Halperín Donghi, 1982).
A medida que la guerra avanzaba, las deudas de los Estados beligerantes se incrementaban, como parte de un perverso juego que les exigía sacrificarse en beneficio de intereses ajenos, y además, endeudarse con aquellos a quienes beneficiaban para cumplir los deseos de sus acreedores. Los federales del interior sabían que el enemigo inmediato no estaba fuera sino adentro de la misma República, por ello, la guerra genocida apuntó a consolidar un aparato político a la medida de los intereses coloniales. Por ese motivo, en el interior del patria, en La Rioja, San Juan, el Noroeste y en el litoral aguardaban el triunfo paraguayo, no sólo para preservar la libertad de un pueblo oprimido que repelía la agresión de los apátridas, sino también en la conciencia de que en el resultado de esa guerra se ponía en juego su futuro y su propia libertad.
Varios fueron los pensadores argentinos que defendieron la “causa paraguaya”, como Juan Bautista Alberdi, Carlos Guido y Spano y Felipe Varela. En este sentido Alberdi sostenía que, según el Tratado de la Triple Alianza:
La guerra es hecha (art. 7) contra el gobierno actual y no contra el pueblo del Paraguay; pero no es el general López sino el Paraguay quien deberá pagar los cien millones de pesos fuertes, que los aliados harían sufragar a ese país, por los gastos y perjuicios de la guerra, según lo declaran en el artículo 14 del tratado. [10]
Se comprometen los aliados a respetar la independencia y soberanía del Paraguay (art. 8); y para probar todo lo que este respeto tiene de sincero, se arrogan el derecho soberano de quitarle el gobierno que él se ha dado, y de imponerle el que le agrade a los aliados (art. 6º) […]El tratado pretendería hacer creer que la guerra es hecha contra el gobierno del general López; pero cabalmente no será este gobierno sino los gobiernos futuros, creados bajo el influjo de los aliados, los que habrán de firmar los tratados en que se obliguen a entregarles la mitad del suelo de su patria, la totalidad de las rentas públicas del Paraguay, sus vapores de guerra, sus depósitos militares, de destruir sus fortificaciones, maestranzas y arsenales militares. [...]
Dice el tratado (art. 11), que la guerra es hecha para asegurar la libre navegación de los afluentes del Plata. ¿En favor de quién esa libertad? En favor de los ribereños, es decir, de los aliados. Es lo que siempre pretendieron Buenos Aires y el Brasil [...]
También Alberdi demonizaba el Protocolo adicional al tratado de la Triple Alianza, destruyendo el argumento mitrista para justificar la guerra:
La guerra es hecha en nombre de la civilización, y tiene por mira la redención del Paraguay, según dicen los aliados; pero el artículo 3 del protocolo admite que el Paraguay, por vía de redención sin duda, puede ser saqueado y devastado, a cuyo fin da la regla en que debe ser distribuido el botín, es decir, la propiedad privada pillada al enemigo. ¡Y es un tratado que pretende organizar una cruzada de civilización, el que consagra este principio! [...]
Felipe Varela, por su parte, denunciaba las consecuencias de la guerra en términos de la relación entre Buenos Aires y el resto de la Nación afirmando:
COMPATRIOTAS: desde que Aquél usurpó el Gobierno de la Nación, el monopolio de los tesoros públicos y la absorción de las rentas provinciales, vieron a ser el patriotismo de los porteños, condenando al provinciano a cederles hasta el pan que reserva para sus hijos. Ser porteño, es ser ciudadano exclusivista; y ser provinciano, es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos.
Tal como expresaron estos pensadores argentinos la guerra fue un crimen perpetrado en pos de la soberanía imperialista para someter al Paraguay y convertirlo en su colonia. Los límites territoriales fueron otro de los puntos que llevaron a provocar la guerra. En este sentido, los aliados uruguayos, argentinos y brasileños se vieron atraídos por el liberalismo británico, que a través de su estado apostó a mantener las relaciones internacionales, en beneficio de su desarrollo, y que para ello no tuvo reparos en poner en riesgo a la Cuenca del Plata. A su vez, los tres aliados pretendían extender sus fronteras y para lograrlo necesitaban del financiamiento externo. De hecho Brasil y Argentina, una vez finalizada la guerra, comenzarán a discutir por terrenos que no se habían establecido en el Tratado. Otra de las cuestiones que se suscitó al momento del término de la guerra se relacionó con los exiliados paraguayos. Se dispuso que estos podrían ser asilados en territorio aliado.
Retomando lo vinculado con las consecuencias de la guerra los crímenes perpetrados en la guerra significaron para el Paraguay el costo económico de una nación en quiebra que debió afrontar el pago de “indemnizaciones” a los países aliados que lo derrotaron. Esto implicó que un solo país debió afrontar distintas deudas, con un costo que, además, significó la muerte de gran parte de su población, en una contienda cuyo único objetivo fue terminar con la unidad nacionalista.
Pese a la superioridad de los aliados Solano López luchó hasta el final de la guerra. Los prisioneros guaraníes fueron vendidos, los cadáveres de las víctimas paraguayas tirados al río, hecho que provocó la proliferación de enfermedades como el cólera. El resto de los soldados paraguayos fue torturado y asesinado en este conflicto bélico de la “civilización” contra la “barbarie”.
El Estado empresario mitrista, frente a la autonomía de Solano López, se enfrentaba directamente con los intereses de los estancieros y la burguesía comercial adepta al imperialismo británico debido a que la “Patria Grande” era revolucionaria por privilegiar a su pueblo y defender a las autonomías locales.
Cada uno de estos gobiernos refleja una combinación peculiar de intereses dentro de la oligarquía, pero el resultado uniforme de su acción es afianzar la riqueza y el poder de la oligarquía y el peso específico del capital extranjero en la economía nacional. Vistos ya sus resultados, cabe seguir a grandes rasgos la política de estos gobiernos, en particular la de Mitre, que fue en todo sentido-mal sentido- el pionero. Impuesto por las armas contra el deseo de la mayoría del país y respaldado en la reducida oligarquía bonaerense, sobre todo en su sector comercial, el mitrismo reflejaba, sin distorsiones, el carácter parasitario y antinacional de esas clases dominantes.
(Peña, 1975)
Debido a la catástrofe que significó la guerra la modernización paraguaya, previa a la contienda, devino en miles de familias desposeídas que mendigaban tierras y alimentos, que antes habían sido prósperas, y una pequeña oligarquía que se consolidaba a la sombra de sus concesiones a los intereses brasileños. Atrás habían quedado los astilleros, el telégrafo, la industria textil, las cosechas algodoneras, la producción artesanal, y el hierro, ahora monopolizados por Gran Bretaña. La “civilización” europeizante sembró la miseria y la exclusión en Paraguay con el propósito de apropiarse de sus riquezas y del producto de su fuerza de trabajo. Era necesario obtener el control para imponer condiciones e inyectar sus capitales excedentes para generar condiciones de dependencia y explotación sobre sociedades empobrecidas y primarizadas.
En una reveladora carta a Bartolomé Mitre Sarmiento celebraba en 1872 el éxito de la Triple Alianza como empresa “civilizadora”, en su concepción, o más bien como un genocidio planificado:
Estamos por dudar de que exista el Paraguay. Descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto a falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes de los cuales ya han muerto ciento cincuenta mil. Su avance, capitaneados por descendientes degenerados de españoles, traería la detención de todo progreso y un retroceso a la barbarie... Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que le obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrecencia humana: raza perdida de cuyo contagio hay que librarse.
Tras el retiro del Estado Argentino de la guerra, en 1870, Paraguay quedó devastado y a merced de Brasil. El tratado firmado, donde aseguraba que ninguna de las potencias aliadas podía disponer de la paz por separado, fue ignorado por el gobierno paulista, lo que provocó graves conflictos de límites. En 1876 Paraguay tuvo que devolver a la Argentina la provincia de Misiones, que había pertenecido a las Provincias del Río de la Plata y anexada al Paraguay en 1841. Por otro lado, Uruguay fue el país que se vio beneficiado económicamente durante los años de la guerra. Concretamente, Montevideo se convirtió en un punto estratégico del comercio. Sin embargo, al finalizar la contienda, sufrió un duro revés económico.
En lo que hace a Gran Bretaña, a través de su embajador Thornton, apoyó una guerra que le proveyó grandes beneficios económicos, a través del financiamiento de los aliados, el aprovisionamiento de armamentos y la obtención de nuevos mercados proveedores de algodón a bajo precio.
El aniquilamiento de la población guaraní, sobre todo la masculina, derivó en la autorización dentro del suelo paraguayo de la poligamia, asociada a los fines de la reconstrucción social. Una vez saqueadas sus riquezas, el pueblo paraguayo se vería obligado a endeudarse con la banca británica y brasileña, cediendo amplias porciones de su soberanía e independencia.
El Estado Argentino, por su parte, no sólo obtuvo territorios, sino que además, consiguió avanzar en el proceso de su conformación, por medio de la consolidación de un Ejército Nacional que se revelaría mucho más efectivo en la represión a las resistencias internas al modelo colonial dependiente y a sus consecuencias, que en su accionar en la disputa frente a otros estados. Simultáneamente el pacto colonial con Gran Bretaña se fortaleció, incrementándose las inversiones externas y la enajenación de las riquezas nativas.
En tal sentido, Alberdi había anticipado que la guerra significaría un duro golpe al proceso de construcción de un Estado Federal afirmando:
Todo conspira hoy día en favor del restablecimiento de la unidad nacional argentina. Desde luego, la necesidad de salvar su independencia o su libertad exterior, la única libertad local o verdadera que haya conocido el país desde que se emancipó de España. Esta libertad, es decir, su independencia, está comprometida por la alianza que la convierte en un feudo del Brasil. Para rescatar la libertad del Paraguay el gobierno del general Mitre empeñó la de su país en un montepío brasilero.
Con las necesidades de la política exterior, conspiran, en igual sentido, las de la paz interna, que no podrá existir jamás mientras falte un gobierno que tome la capacidad real de protegerla donde únicamente existe, que es en la centralización de las facultades de todo el país argentino.
A la voz de esas necesidades se agrega la doctrina de los ejemplos exteriores, tanto de Europa como de América. Todas las confederaciones propenden hoy a transformarse en naciones más o menos unificadas. […]
La República Argentina [...] tendrá necesidad de buscar en la unidad nacional la fuerza de que necesita para tenerse al nivel de sus vecinos, porque todos ellos son estados unitarios. Condenarse a la federación mal entendida es hacer el negocio de sus vecinos que no quieren otra cosa. Colocada entre Chile, Bolivia, el Paraguay, el Brasil y el Estado Oriental, países todos unitarios por la constitución de sus gobiernos, la República Argentina ha tenido la inconcebible idea de darse por ley de gobierno un sistema de división y fraccionamiento que debilita y esteriliza sus grandes recursos de poder, hasta hacerle el Estado más débil de cuantos la circundan.
[...] la necesidad de salvar la independencia nacional por la concentración de todo el poder argentino en la ciudad de Buenos Aires. La simple capitalización de esta ciudad sería, según la mente de Rivadavia, todo lo que el país necesita para librarse del ascendiente preponderante del Brasil. Con ese solo arreglo resolvería de un golpe tres problemas que interesan a su existencia: el de su paz interna, el de su grandeza local y el de la independencia nacional, comprometida hoy día por la alianza que la revoca virtualmente.
Anexos del Texto del Protocolo de 1857
A los catorce días del mes de diciembre de mil ochocientos cincuenta y siete, en esta ciudad del Paraná, reunidos en la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, los Plenipotenciarios de la Confederación Argentina, doctores Don Santiago Derqui y don Bernabé López, y el Plenipotenciario de Su Majestad, el Emperador de Brasil, Consejero José María da Silva Paranhos, acordaron consignar por escrito el resultado de sus conferencias, sobre los medios que sus respectivos Gobiernos deben emplear para obtener de la República del Paraguay una solución satisfactoria de las cuestiones pendientes, que dicen respecto a la navegación fluvial común, así como las declaraciones que en nombre de uno y otro Gobierno hicieron los mismos Plenipotenciarios, presuponiendo el caso de que se haga inevitable la guerra para conseguir aquel fin que tanto interesa a los dos países y a la civilización y comercio en general.
Fue acordado, al mismo tiempo, que este documento se deberá conservar en la más completa reserva, y es destinado solamente para dar a conocer a los dos Gobiernos, cuáles son las circunstancias y disposiciones que se halla uno y otro para con la República del Paraguay de cuenta que, en cualquier caso, puedan mutuamente juntarse todos los buenos oficios propios de las benévolas y estrechas relaciones que tan felizmente existen entre ellos y los pueblos cuyos destinos presiden.
Siendo una obligación contraída por el Imperio del Brasil y la Confederación Argentina, en los Convenios de Alianza de 1851, confirmada y de nuevo estipulada en el Tratado de 7 de marzo de 1856, y en la Convención fluvial del 20 del mes de noviembre del presente año, la invitación y empleo de todos los medíos al alcance de cada uno de los dos Gobiernos, para que los otros Estados ribereños y especialmente la República del Paraguay, adhieran a los mismos principios de libre navegación, así como a los medios de hacerlos efectivamente útiles, acordaron dichos Plenipotenciarios:
1º. En que el Gobierno de la Confederación Argentina, fundándose en las sobredichas estipulaciones y en las condiciones especiales que existen entre él y el de la República del Paraguay, por el tránsito libre de que goza la bandera Paraguaya en las aguas del Paraná, pertenecientes a la misma Confederación y por el Tratado de 29 de julio de 1856, reclamara de dicha República que por su parte abra el Río Paraguay a todas las banderas y adopte en relación al tránsito común, las franquicias y medios de Policía , y fiscalización que son generalmente empleados y se hallan estipulados en la Convención fluvial de 20 de noviembre entre la Confederación y el Imperio del Brasil.
2°. En que el Gobierno de la Confederación así como el del Brasil, mantendrán dicha reclamación con el mayor empeño posible, quedando sin embargo libre a cada uno de ellos el cuidar que sus reclamaciones lleguen al punto de salir de las vías diplomáticas y comprometer el estado de paz en que se hallan con aquel Estado vecino, visto que el Gobierno de la Confederación y el Imperial no están aún de acuerdo sobre la hipótesis del recurso a la guerra.
3°. En que, para hacer posible como tanto desean ambos Gobiernos una solución pacífica de las cuestiones pendientes con la República del Paraguay, respecto de la navegación fluvial, podrá uno y otro dejar de insistir sobre la concesión general y limitar en último caso sus reclamaciones, á que el Gobierno Paraguayo, garanta efectivamente toda su libertad de tránsito á sus respectivas banderas, según los medios indicados en la Convención fluvial de 20 del mes de noviembre del presente año, invocando cada Gobierno su derecho perfecto á ese libre tránsito, en vista de los tratados vigentes entre ellos y el de aquella República.
4°. En que, la reclamación del Gobierno de la Confederación, será hecha de un modo que, conocida como la misión especial que el Gobierno de S.M. el Emperador del Brasil envía ahora a la República del Paraguay, con la reclamación que en el mismo sentido y al mismo tiempo dirija el Gobierno del Estado Oriental del Uruguay.
Considerando el caso que el Gobierno de la República del Paraguay no se preste a un acuerdo amigable con ninguno de los dos Gobiernos, declaró el Plenipotenciario Brasilero, que el Gobierno Imperial está por su parte dispuesto a echar curso de medidas coercitivas y aún a recurrir a la guerra, si los reglamentos Paraguayos, no fuesen modificados de conformidad con los ajustes de 6 de abril de 1856, celebrados entre el Imperio y la República, y de la manera tan razonable y eficaz que ofrece la Convención que acaba de ser firmada con la Confederación.
Que en esta eventualidad que muchos lamentarán, desearía el Gobierno Imperial estar unido y de perfecto acuerdo con su antiguo aliado el de la Confederación, visto que las circunstancias y los intereses de los dos países son casi idénticas con relación a la República del Paraguay.
Los Plenipotenciarios Argentinos respondieron que, a pesar de las graves consideraciones que habían hecho preferir a su Gobierno el actual estado de cosas, a un rompimiento con el Gobierno del Paraguay, estaba dispuesto a aliarse al Imperio, en la hipótesis arriba mencionada, si la guerra tuviese por objeto poner término no sólo a la cuestión fluvial, sino también a la de límites, esto es, obtener la satisfacción de todos los derechos e intereses actualmente desconocidos y ofendidos por la República del Paraguay, para con la Confederación Argentina.
La guerra teniendo sólo por fin la libre navegación del Paraguay en la que el interés de la Confederación es secundario y remoto para su actual falta de comercio en aquellas direcciones, no sería popular en su país; no justificaría al Gobierno Argentino ante la opinión pública nacional de abandonar la política contemporizadora que se ha prescripto hasta hoy, a pesar de los graves perjuicios que resultan del deplorable sistema en que insiste el Gobierno Paraguayo.
El Plenipotenciario Brasilero respondió, que el Gobierno Imperial entendía también que impelidos el Brasil y la Confederación a una guerra por la obstinación del Gobierno del Paraguay, con la guerra deberían terminar todas las cuestiones pendientes. Pero que teniendo presente la naturaleza oficial de las cuestiones de límites, ya que sobre este punto no hay identidad de interés, entendía también el Gobierno Imperial de que debía quedar libre a cada uno de los dos aliados el proceder a ese respecto como juzgase conveniente, sin que por eso dejasen de prestarse ineficazmente todos los buenos oficios que estuvieron á su alcance para ese fin.
Que una alianza de los dos Estados para trazar sus fronteras con el Paraguay, Estado más débil que cualquiera de ellos, sería odiosa y podría comprometer seriamente los resultados que ambos se prometen obtener.
Que la cuestión fluvial era de alta importancia para los dos países, y quien apreciare bien la alianza en todas sus consecuencias morales y bajo el punto de vista de los intereses comunes, no tendría razón para juzgarla impopular.
Que el Gobierno Imperial no conocía la cuestión de límites de la Confederación, y tal vez, tampoco el Gobierno Argentino, conozca la cuestión análoga del Imperio, no obstante que esta ha sido ampliamente discutida en los protocolos que precedieron a los ajustes desde abril del año pasado.
Que ambos gobiernos sentirán gran repugnancia en constituirse jueces de un aliado sobre intereses de una naturaleza tan grave y especial.
Persistiendo los Plenipotenciarios Argentinos en su parecer, el Plenipotenciario Brasilero, declaró, que a pesar de las poderosas razones que en el concepto del Gobierno Imperial aconsejan el acuerdo que se rehúsa por parte de la Confederación, no dudaba aceptar como empeño común de la alianza, el reconocimiento de la frontera de los dos países en la Confederación pudiese limitar en exigencia a las líneas del Paraná y del Bermejo, que fueron ajustadas por un tratado en 1852, desistiendo del resto del territorio que le contacta con la República del Paraguay, en compensación del territorio de las Misiones de que la misma República está en posesión, visto que de otro modo será muy difícil obtener el reconocimiento del Gobierno Paraguayo, y puedan surgir complicaciones con Bolivia, que también alega derechos a una parte de ese territorio.
Los Plenipotenciarios Argentinos contestaron que el derecho de la Nación Argentina a todo el territorio del Chaco sobre la margen derecha del Río Paraguay hasta la latitud de 22 grados era incontestable; que el Tratado de 1852, no cedía ninguna parte de ese territorio a la República del Paraguay que fue desaprobado por no juzgarse sus términos, por tanto claros y precisos a ese respecto, que los derechos de la Confederación en materia de límites son defendidos por el Paraguay, sin contestarlos, llegando al Gobierno paraguayo hasta proponer al Plenipotenciario Argentino la compra del Departamento de la Candelaria en el territorio de las Misiones, como consta de la nota de este de fecha 25 de agosto de 1856, que ellos estaban fundados en documentos inexcusables que el Gobierno Argentino exhibiría al tratar esa materia; que los territorios arbitrariamente ocupados por el Gobierno Paraguayo, son continentales y pertenecen a la Nación y a las Provincias de Salta y de Corrientes, divididas del territorio paraguayo por los grandes límites naturales que constituyen los Ríos Paraná y Paraguay; que los Plenipotenciarios Argentinos, por estas razones, creían muy claro el derecho de la Confederación y muy bien establecidos por la naturaleza los hechos tradicionales y el derecho de la legislación Española, que el Paraguay al separarse de la Nación Argentina no pudo hacerlo, sino con los límites que tenía como Provincia, sin arrastrar sin otro derecho que su propia voluntad, territorio de otras Provincias, divididas por los grandes límites naturales que dejan mencionados. Los Plenipotenciarios Argentinos añadieron que en vista de tales antecedentes, no abrigaban el temor de que las Potencias extrañas considerasen abuso de fuerza en el fin que proponen á la alianza, desde que, además, ni el mismo Paraguay había considerado pertenecer a los territorios de que se trata, habiendo limitado su acción a impedir su ocupación para mantener su sistema de incomunicación con otros pueblos, valiéndose para ello del estado de guerra en que se halla la Nación para conquistar su independencia, guerra en que el Paraguay no tomó parte alguna, y posteriormente de la guerra civil en que aquella se vio envuelta; que tanto menos abrigaban ese temor cuanto una de las condiciones de su alianza, debía ser el mantenimiento de la independencia del Paraguay dentro de los límites que tan claramente le señalan la naturaleza y el derecho que tenían, la convicción de que si el Gobierno Argentino propusiese al del Paraguay la aceptación de los límites que indica el Plenipotenciario del Brasil, los aceptaría sin hesitar y de que sería inútil una guerra para obtener lo mismo que le sería pacíficamente concedido a la más simple indicación; que sentían mucho no poder adherir a la alianza sobre la base propuesta por el Plenipotenciario Brasilero, y que por ese motivo quedase sin un perfecto acuerdo la presente abertura de los dos Gobiernos, hechas tan amigablemente y con vistas tan justas y nobles. Que, por eso, su Gobierno tenía la convicción que no teniendo la alianza por objeto común asegurar a cada Estado la posesión de un territorio contestado, encontraría serias resistencias en la Confederación.
No juzgándose el Plenipotenciario Brasilero autorizado para dar su asentimiento, al parecer de los Plenipotenciarios Argentinos, ni éstos al de aquél, resolvieron dejar pendiente el acuerdo de que se trata, y someter a la aprobación de sus Gobiernos las razones producidas por una y otra parte.
Y a fin de que los dichos Gobiernos puedan con perfecto conocimiento de causa, y más prontamente ajustar su cooperación, caso subsistan esas circunstancias que ahora hacen, fuesen la necesidad de una guerra contra la República del Paraguay, y lleguen al acuerdo que desean para esa eventualidad, convienen los Plenipotenciarios en declarar desde ahora, conforme a las instrucciones que recibieron de sus Gobiernos, cuales son las fuerzas y recursos pecuniarios de que cada uno de ellos podrá disponer y cualesquiera otras condiciones que se juzguen esenciales para regular la acción común de los dos países en esa guerra.
En consecuencia fue acordado que, verificado el caso de la alianza ofensiva o defensiva, la Confederación Argentina podrá concurrir con un cuerpo de ejército de seis mil hombres de las tres armas y el Imperio del Brasil con otro de ocho mil hombres de las mismas armas, además de la fuerza con que cada Estado proveerá a la defensa de sus fronteras, donde estas puedan estar expuestas a alguna invasión del enemigo.
El Imperio del Brasil, concurrirá también con las fuerzas de mar necesarias para las operaciones de bloqueo, transporte de tropas, ataque de las fortificaciones paraguayas, abrir el pasaje de los ríos.
Cada uno de los Cuerpos del Ejército Argentino y Brasilero, será comandando por un Oficial General.
Reunidos los dos Cuerpos de Ejército, si estuviese presente el Excelentísimo Señor Presidente de la Confederación Argentina, será este el Comandante en Jefe de las fuerzas aliadas. En caso contrario, tendrá el mando en Jefe el General que contará bajo su mando mayor número de fuerzas de su respectiva Nación.
El Plan General de Campaña será acordado entre los dos Gobiernos o sus representantes competentemente autorizados, y salvo cualquier combinación ulterior que se juzgue más conveniente, los dos Cuerpos de Ejército se reunirán en la Provincia de Corrientes y establecerán allí la base de sus operaciones.
Los Plenipotenciarios Argentinos manifestaron que, Su Excelencia, el Señor Presidente de la Confederación, tendría el más vivo placer en dirigir por segunda vez las fuerzas de las dos Naciones aliadas y amigas, pero que tal vez no podría realizarse este deseo a consecuencia de sus ocupaciones ordinarias como Jefe de Estado.
Que en este caso, Su Excelencia estimaría que visto concursaran las operaciones en el territorio Argentino y de quedar próximas al territorio enemigo; en las instrucciones del Comandante en Jefe se observase la conveniencia de poder Su Excelencia dirigir a dicho General en Jefe, las observaciones que el curso de los sucesos le sugiere, que autorizase plenamente al representante de Su Majestad el Emperador en la ciudad de Paraná, para resolver de acuerdo con el Gobierno de la Confederación las eventualidades que pudieran nacer durante la guerra y excediesen las atribuciones conferidas al mismo Comandante en Jefe.
Fue además manifestado por los Plenipotenciarios Argentinos que, debiendo su Gobierno prevenir la tentativa de alguna agresión por parte de la Provincia de Buenos Ayres, atento el estado de disidencia en que desgraciadamente se halla esta parte de la familia Argentina, será preciso que algunos buques de la Marina de Guerra Imperial, se coloquen en los Ríos Paraná y Uruguay, en posición de evitar por el hecho moral y de impedir materialmente, dado el caso, el pasaje de cualquier expedición militar del Gobierno de Buenos Ayres contra el Gobierno Nacional.
En cuanto a los auxilios pecuniarios, observan los Plenipotenciarios Argentinos que no convenía anticipar el acuerdo a ese respecto, porque la Confederación solo los solicitaría, si sus circunstancias financieras no le permitiesen absolutamente prescindir de ellos.
En seguida presentó el Plenipotenciario Brasilero la hipótesis de que el Gobierno Imperial tuviese que recurrir por sí solo a medidas coercitivas y aun a la guerra contra la República del Paraguay, y preguntó cuáles serían en ese caso los buenos oficios con que deberá contar el Brasil de parte de la Confederación.
Los Plenipotenciarios Argentinos respondieron que, si desgraciadamente los dos Gobiernos no apareciesen como aliados en la emergencia que acaba de suponer el Plenipotenciario Brasilero, está fuera de duda, que el Gobierno de la Confederación prestaría a su antiguo aliado todos los buenos oficios compatibles con su posición de neutral tan eficazmente cuanto le fuere posible.
El Plenipotenciario Brasilero deseó saber si el Gobierno de la Confederación juzgaría, por ejemplo, contrario a su neutralidad consentir en que las fuerzas brasileras atravesasen el territorio de Corrientes en la parte contigua al territorio que allí ocupan los paraguayos, y el facilitar al Ejército y Escuadra Brasilera todas las provisiones de que careciesen y pudieran comprar en el territorio argentino.
Los Plenipotenciarios Argentinos declararon que, su Gobierno no se juzgaría obligado por los deberes de neutralidad a obstar de cualquier manera que fuese el tránsito de las fuerzas brasileras que se dirigiesen para el territorio paraguayo, o para el que estos ocupan ilegalmente en la Provincia de Corrientes, transitando por los lugares despoblados, que los están precisamente para los asaltos y depredaciones de las guardias que conservan en la margen izquierda del Paraná, que no sólo la facilidad de obtener provisiones, sino también la benevolencia propia de los vínculos que unen a los dos países y sus Gobiernos, encontrarían las tropas Brasileras de mar y tierra, siendo (ilegible) la neutralidad, evitar que los Argentinos tomen parte en la guerra, o hagan demostraciones públicas que importasen una aquiescencia de parte del Gobierno Argentino.
Leído el presente protocolo y hallado exacto, lo firman los tres Plenipotenciarios, en dos autógrafos y los sellaron con sus respectivos sellos, quedando subentendido que dicho documento será sometido al conocimiento y aprobación de sus Gobiernos, y que esto se hará lo más brevemente posible y con la misma cláusula de reserva, las comunicaciones necesarias para cualquier ulterior acuerdo y para observancia de las seguridades que simultáneamente se dan.
S.E. José María da Silva Paranhos
S.E. Bernabé López.
S.E. Santiago Derqui.
Copiado del original que me presentó el Sr. Paranhos.
Bs. Ayres (ilegible) 1865.
Rufino de Elizalde.
Tratado Secreto de la Triple Alianza (1865)
Art. 1. La República Oriental del Uruguay, Su Majestad el Emperador del Brasil, y la República Argentina contraen alianza ofensiva y defensiva en la guerra provocada por el gobierno del Paraguay.
Art. 2. Los aliados concurrirán con todos los medios de que puedan disponer, por tierra o por los ríos, según fuese necesario.
Art. 3. Debiendo las hostilidades comenzar en el territorio de la República Argentina o en la parte colindante del territorio paraguayo, el mando en jefe y la dirección de los ejércitos aliados quedan a cargo del Presidente de la República Argentina y general en jefe de su ejército, brigadier don Bartolomé Mitre. Las fuerzas navales de los aliados estarán a las inmediatas órdenes del Vice Almirante Visconde de Tamandaré, comandante en jefe de la escuadra de Su Majestad, el Emperador del Brasil. Las fuerzas terrestres de Su Majestad, el Emperador del Brasil formarán un ejército a las órdenes de su general en jefe, el brigadier don Manuel Luís Osorio. A pesar de que las altas partes contratantes están conformes en no cambiar el teatro de las operaciones de guerra, con todo, a fin de conservar los derechos soberanos de las tres naciones, ellas convienen desde ahora en observar el principio de la reciprocidad respecto al mando en jefe, para el caso de que esas operaciones tuviesen que pasar al territorio oriental o brasileño.
Art. 4. El orden interior y la economía de las tropas quedan a cargo exclusivamente de sus jefes respectivos. El sueldo, provisiones, municiones de guerra, armas, vestuarios, equipo y medios de transporte de las tropas aliadas serán por cuenta de los respectivos Estados.
Art. 5. Las altas partes contratantes se facilitarán mutuamente los auxilios que tengan y los que necesiten, en la forma que se acuerde.
Art. 6. Los aliados se obligan solemnemente a no deponer las armas sino de común acuerdo, y mientras no hayan derrocado al actual gobierno del Paraguay, así como a no tratar separadamente, ni firmar ningún tratado de paz, tregua, armisticio, cualquiera que ponga fin o suspenda la guerra, sino por perfecta conformidad de todos.
Art. 7. No siendo la guerra contra el pueblo paraguayo sino contra su gobierno, los aliados podrán admitir en una legión paraguaya a todos los ciudadanos de esa nación que quisieran concurrir al derrocamiento de dicho gobierno, y les proporcionarán los elementos que necesiten, en la forma y condiciones que se convenga.
Art. 8. Los Aliados se obligan a respetar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República del Paraguay. En consecuencia el pueblo paraguayo podrá elegir el gobierno y las instituciones que le convengan, no incorporándose ni pidiendo el protectorado de ninguno de los aliados, como resultado de la guerra.
Art. 9. La independencia, soberanía e integridad territorial de la República, serán garantizadas colectivamente, de conformidad con el artículo precedente, por las altas partes contratantes, por el término de cinco años.
Art. 10. Queda convenido entre las altas partes contratantes que las exenciones, privilegios o concesiones que obtengan del gobierno del Paraguay serán comunes a todas ellas, gratuitamente si fuesen gratuitas, y con la misma compensación si fuesen condicionales.
Art. 11. Derrocado que sea el gobierno del Paraguay, los aliados procederán a hacer los arreglos necesarios con las autoridades constituidas, para asegurar la libre navegación de los ríos Paraná y Paraguay, de manera que los reglamentos o leyes de aquella República no obsten, impidan o graven el tránsito y navegación directa de los buques mercantes o de guerra de los Estados Aliados, que se dirijan a sus respectivos territorios o dominios que no pertenezcan al Paraguay, y tomarán las garantías convenientes para la efectividad de dichos arreglos, bajo la base de que esos reglamentos de política fluvial, bien sean para los dichos dos ríos o también para el Uruguay, se dictarán de común acuerdo entre los aliados y cualesquiera otros estados ribereños que, dentro del término que se convenga por los aliados, acepten la invitación que se les haga.
Art. 12. Los aliados se reservan concertar las medidas más convenientes a fin de garantizar la paz con la República del Paraguay después del derrocamiento del actual gobierno.
Art. 13. Los aliados nombrarán oportunamente los plenipotenciarios que han de celebrar los arreglos, convenciones o tratados a que hubiese lugar, con el gobierno que se establezca en el Paraguay.
Art. 14. Los aliados exigirán de aquel gobierno el pago de los gastos de la guerra que se han visto obligados a aceptar, así como la reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados a sus propiedades públicas y particulares y a las personas de sus ciudadanos, sin expresa declaración de guerra, y por los daños y perjuicios causados subsiguientemente en violación de los principios que gobiernan las leyes de la guerra. La República Oriental del Uruguay exigirá también una indemnización proporcionada a los daños y perjuicios que le ha causado el gobierno del Paraguay por la guerra a que la ha forzado a entrar, en defensa de su seguridad amenazada por aquel gobierno.
Art. 15. En una convención especial se determinará el modo y forma para la liquidación y pago de la deuda procedente de las causas antedichas.
Art. 16. A fin de evitar discusiones y guerras que las cuestiones de límites envuelven, queda establecido que los aliados exigirán del gobierno del Paraguay que celebre tratados definitivos de límites con los respectivos gobiernos bajo las siguientes bases: La República Argentina quedará dividida de la República del Paraguay, por los ríos Paraná y Paraguay, hasta encontrar los límites del Imperio del Brasil, siendo éstos, en la ribera derecha del Río Paraguay, la Bahía Negra. El Imperio del Brasil quedará dividido de la República del Paraguay, en la parte del Paraná, por el primer río después del Salto de las Siete Caídas que, según el reciente mapa de Mouchez, es el Igurey, y desde la boca del Igurey y su curso superior hasta llegar a su nacimiento. En la parte de la ribera izquierda del Paraguay, por el Río Apa, desde su embocadura hasta su nacimiento. En el interior, desde la cumbre de la sierra de Mbaracayú, las vertientes del Este perteneciendo al Brasil y las del Oeste al Paraguay, y tirando líneas, tan rectas como se pueda, de dicha sierra al nacimiento del Apa y del Igurey.
Art. 17. Los aliados se garanten recíprocamente el fiel cumplimiento de los acuerdos, arreglos y tratados que hayan de celebrarse con el gobierno que se establecerá en el Paraguay, en virtud de lo convenido en este tratado de alianza, el que permanecerá siempre en plena fuerza y vigor, al efecto de que estas estipulaciones serán respetadas por la República del Paraguay. A fin de obtener este resultado, ellas convienen en que, en caso de que una de las altas partes contratantes no pudiese obtener del gobierno del Paraguay el cumplimiento de lo acordado, o de que este gobierno intentase anular las estipulaciones ajustadas con los aliados, las otras emplearán activamente sus esfuerzos para que sean respetadas. Si esos esfuerzos fuesen inútiles, los aliados concurrirán con todos sus medios, a fin de hacer efectiva la ejecución de lo estipulado.
Art. 18. Este tratado quedará secreto hasta que el objeto principal de la alianza se haya obtenido.
Art. 19. Las estipulaciones de este tratado que no requieran autorización legislativa para su ratificación, empezarán a tener efecto tan pronto como sean aprobadas por los gobiernos respectivos, y las otras desde el cambio de las ratificaciones, que tendrá lugar dentro del término de cuarenta días desde la fecha de dicho tratado, o antes si fuese posible.
En testimonio de lo cual los abajo firmados, plenipotenciarios de Su Excelencia, el Presidente de la República Argentina, de Su Majetad, el Emperador del Brasil, y de Su Excelencia, el Gobernador Provisorio de la República Oriental, en virtud de nuestros plenos poderes, firmamos este tratado y le hacemos poner nuestros sellos en la Ciudad de Buenos Aires, el 1º de Mayo del año de Nuestro Señor de 1865.
C. DE CASTRO
J. OCTAVIANO DE ALMEIDA ROSA
RUFINO DE ELIZALDE.
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[1] “Para gobernar a la República Argentina vencida, sometida, enemiga, la alianza del Brasil era una parte esencial de la organización Mitre-Sarmiento; para dar a esa alianza de gobierno interior un pretexto internacional, la guerra al Estado Oriental y al Paraguay, viene a ser una necesidad de política interior; para justificar una guerra al mejor gobierno que haya tenido el Paraguay, era necesario encontrar abominables y monstruosos esos dos gobiernos; y López y Berro han sido víctimas de la lógica del crimen de sus adversarios”. (Alberdi, Juan B., Escritos póstumos).
[2] El Tratado de Alianza de Entre Ríos, Corrientes, Brasil y Uruguay contra Rosas fue firmado el 25 de diciembre de 1850.
[3] Véase Anexo.
[4] Carta enviada por Chacho Peñaloza al Presidente Mitre el 16 de abril de 1863.
[5] Carta de Sarmiento a Mitre, fechada el 24 de septiembre de 1861.
[6] Tratado Secreto de la Triple Alianza, Buenos Aires, 1º de mayo de 1865, p.1.
[7] Ibídem.; p.1.
[8] Ibídem; p.1.
[9] Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 18 de septiembre de 1868.
[10] “Artículo 14: Los aliados exigirán de aquel gobierno el pago de los gastos de la guerra que se han visto obligados a aceptar, así como la reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados a sus propiedades públicas y particulares y a las personas de sus ciudadanos, sin expresa declaración de guerra, y por los daños y perjuicios causados subsiguientemente en violación de los principios que gobiernan las leyes de la guerra. La República Oriental del Uruguay exigirá también una indemnización proporcionada a los daños y perjuicios que le ha causado el gobierno del Paraguay por la guerra a que la ha forzado a entrar, en defensa de su seguridad amenazada por aquel gobierno”.