RESUMEN:
Aprueban el acta de la sesión anterior y dan cuenta de una nota del Poder Ejecutivo con el Proyecto de Ley que pide autorizar una nueva diócesis, llamada del Litoral compuesta por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes pasando el asunto a una Comisión Especial.
Ponen en discusión general la sanción de la Honorable Cámara de Senadores relativa al decreto del 15 de setiembre de 1854 sobre abogados nacionales. La Comisión está a favor del decreto en los mismos términos que la Cámara de Senadores y González resalta que la Confederación necesita definir sus propias instituciones sin soslayar la prueba de idoneidad. Agrega que el título de abogado se concede sin más exigencia que la capacidad y “hasta las mujeres tenían derecho de ejercerla”. Según él, el Poder Ejecutivo no es la autoridad legal para conferir los títulos de abogados sino los tribunales de justicia y se puede contestar con el artículo 83 de la Constitución nacional por el cual se crean los tribunales inferiores y a efecto de que haya abogados para proveer dichas instituciones.
Laspiur propone conceder la facultad de “conferir patentes de abogados” a la Corte Suprema y reformar el proyecto. Torrent se opone al artículo 2 porque habilita a otorgar nuevas patentes. Garzón se opone al artículo 2: considera que solo el Congreso puede declarar abogados. Aprueban el proyecto en general.
Lucero presenta un Proyecto de Ley sustitutivo de 10 artículos, declarando abogados los recibidos en las Cámaras de Letrados, los recibidos en las Repúblicas de la América Española, reconociendo los títulos obtenidos en vigencia del decreto y otorgando un plazo de dos años para dar el examen competente. El Ministro de Interior se opone al mismo y piden conocer el texto del Decreto del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Cámara declara que no lo tiene. El Ministro dice que las Provincias pueden legislar en todo lo que no está vedado por la Constitución nacional y el gobierno nacional no puede establecer desigualdades entre las Provincias. Ferreyra dice que el decreto entra en conflicto con las leyes españolas vigentes. El Ministro pone el ejemplo de la defensa en Estados Unidos, donde se elige el más digno sin atender el grado universitario. El gobierno nacional insiste en la importancia de aprobar este decreto para proveer los poderes nacionales y en materia de abogados que han de administrar Justicia federal o funcionar ante ella. Seguí sostiene que las provincias están en perfecto derecho al admitir o no los abogados nacionales. Rechazan el artículo 1 y levantan la sesión.